El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, principal implicado en el caso Senasa, aseguró que las acusaciones del Ministerio Público presentadas durante la solicitud de medida de coerción contienen “serias incongruencias”.

Valerio explicó que los señalamientos sobre una supuesta falta de justificación de bienes —entre ellos una villa en Casa de Campo y un apartamento— no tienen fundamento. Indicó que la villa data de 2008 y fue declarada en 2020, mientras que el apartamento fue adquirido mediante un préstamo “debidamente documentado”.

También criticó la dificultad que, según dijo, enfrentaron para presentar la Declaración Jurada de Patrimonio de Hazim ante la Cámara de Cuentas, asegurando que solo recientemente lograron que fuera recibida.

En cuanto a las acusaciones sobre un presunto impacto negativo en la salud pública, Valerio negó tajantemente cualquier falla: “La salud pública nunca falló; al contrario, los servicios aumentaron”, afirmó.

El abogado cuestionó además la credibilidad de un testigo clave del Ministerio Público, identificado como José Pablo Ortiz Giráldez, a quien describió como alguien “conocido en los pasillos del Palacio de Justicia por delatar” y que, según él, no debería tener “dos oportunidades” con el órgano acusador.

Sobre la decisión de que Senasa se constituya como parte civil en el proceso, Valerio dijo que su cliente no tiene objeción, reconociendo el derecho de la institución a participar formalmente en el caso.