Las restricciones de giros a la izquierda implementadas por el Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano como parte del plan “RD se mueve” carecen, por el momento, de respaldo legal por parte del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, órgano competente para normar el tránsito en la ciudad.

Sin una ordenanza municipal que las respalde, dichas medidas podrían ser impugnadas judicialmente y anuladas, a pesar de que el Poder Ejecutivo ha presentado el plan “RD se mueve” como una solución a los problemas del tránsito en el Distrito Nacional. Hasta ahora, el proyecto no ha sido conocido ni aprobado como resolución, ordenanza ni reglamento por el concejo, ni figura entre los temas en discusión publicados en su sitio web oficial.

Aunque se argumente que se trata de una prueba piloto, incluso en ese contexto, la ley establece que debe contar con la aprobación del órgano legislativo municipal.

Actualmente, las restricciones han sido puestas en marcha por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Sin embargo, no han sido formalizadas mediante ordenanza del cabildo, como lo exige la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que otorga al ayuntamiento la competencia para regular el tránsito en las vías urbanas.

Sentencia reafirma potestad municipal

La sentencia TC/0097/22, emitida en abril de 2022 por el Tribunal Constitucional, establece de forma clara que los ayuntamientos tienen potestad normativa sobre el tránsito local sin necesidad de autorización de organismos nacionales, reforzando así el principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución.