Las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas continúan sin freno. Al finalizar julio de este año, se registran 35 feminicidios en el país, una cifra que representa solo la punta del iceberg de una violencia de género estructural que aún no encuentra respuestas institucionales eficaces.

Convertidos en estadísticas, los feminicidios suelen utilizarse como argumentos en discursos oficiales. En su rendición de cuentas en febrero, el presidente Luis Abinader destacó como un logro la reducción de un 20 % en los feminicidios durante su primer mandato. Si bien las cifras lo respaldan, esto no es suficiente. Además, esa baja no puede atribuirse exclusivamente a las acciones gubernamentales, sean de esta o de administraciones anteriores.

Las causas de fondo son más complejas, incluyendo una cultura profundamente arraigada en la violencia, donde las mujeres siguen siendo las principales víctimas. Para entender mejor el contexto, es necesario observar también las estadísticas sobre violencia de género e intrafamiliar.

Durante lo que va de año, se han registrado 31,908 denuncias por distintas formas de violencia. De ellas:

• 10,253 corresponden a violencia de género física y verbal
• 1,043 a agresión sexual
• 583 a violación sexual
• 438 a acoso sexual
• 257 a incesto

El resto de las denuncias se reparten entre violencia intrafamiliar, violencia patrimonial, seducción de menores y exhibicionismo.

Estas formas de violencia conforman el caldo de cultivo en el que germinan los feminicidios, reflejo de una sociedad que ha normalizado estos abusos como parte del orden cotidiano.

Aunque existen medidas como casas de acogida, líneas de emergencia y ayudas económicas para las víctimas, estas acciones resultan insuficientes si no se acompañan de cambios estructurales e institucionales profundos.

Un caso emblemático es el de Bona Delfa López, quien, según el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, no denunció a su agresor por “miedo al escándalo”. Sin embargo, se supo que la víctima intentó presentar una querella en tres ocasiones, sin éxito, debido a que “no había sistema”. Esto refleja una falla grave en el sistema de atención y prevención de la violencia, y una preocupante indiferencia institucional.

Las declaraciones del director policial, además de erróneas, refuerzan esa cultura de indiferencia que minimiza la violencia contra las mujeres y responsabiliza a las víctimas. En lugar de asumir un compromiso firme con la protección de los derechos humanos, se perpetúan actitudes que obstaculizan el verdadero cambio.