Hombre en Mao «mataba» a deudores en papeles: registraba falsas defunciones
Máximo Mendoza no usaba cobradores, ni amenazas, ni demandas. Cuando alguien no le pagaba un préstamo, recurría a un método tan insólito como macabro: lo declaraba muerto.
Así lo establece el Ministerio Público, que lo acusa de falsificar documentos para inscribir defunciones falsas de al menos seis personas a quienes señalaba como deudores.
Cómo operaba
El expediente indica que Mendoza, arrestado en Mao, provincia Valverde, se movía entre unidades de atención primaria y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE) con un guion aprendido: fingía ser primo, tío o incluso esposo de la víctima. Llegaba con un aire de congoja bien ensayado y conseguía que médicos en pasantía —sin exequátur— llenaran formularios de defunción. Luego completaba el trámite en la JCE.
De préstamos pequeños a muertes inventadas
El negocio era reducido, pero perverso. Mendoza prestaba entre 5,000 y 15,000 pesos a personas en condiciones vulnerables, a cambio de quedarse con sus tarjetas de asistencia social, que apenas cubren 2,100 pesos mensuales.
Cuando el cobro se complicaba, aplicaba su “solución definitiva”: registrar al deudor como cadáver en papeles oficiales.
Según la acusación, entre diciembre de 2024 y junio de 2025 logró falsear seis defunciones: en cinco casos completó todo el proceso en Salud Pública y la JCE; en uno, solo en Salud Pública. El resultado era siempre el mismo: en documentos, la víctima aparecía como muerta.
Los fiscales relatan cómo Mendoza desplegaba su talento para simular llanto y angustia, logrando así abrir puertas en clínicas y oficinas estatales y conseguir firmas y sellos oficiales que daban apariencia de legalidad a su fraude.
El proceso judicial
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero, solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción, alegando que se trata de un caso complejo por la multiplicidad de víctimas, la reiteración del fraude y el daño causado tanto al sistema de salud como al registral.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, aplazó la audiencia para el viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana, acogiendo la petición de la defensa.
Mientras tanto, el Ministerio Público insiste en que Mendoza no solo violó artículos del Código Penal y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil, sino que también convirtió el registro de defunciones en un mecanismo de cobro, jugando con la identidad y la dignidad de los más pobres.
