Jueza federal de EE. UU. bloquea deportaciones rápidas de migrantes por violar debido proceso
Una jueza federal en Washington D. C. bloqueó este viernes la aplicación de la política de deportaciones rápidas del Gobierno de Donald Trump, al considerar que la medida viola el debido proceso legal garantizado por la Constitución.
En enero, Trump restableció la llamada “expulsión inmediata”, una práctica que ya utilizó durante su primer mandato (2017-2021). Esta política permite deportar a inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar haber vivido dos años o más en EE.UU., sin necesidad de una audiencia ante un juez migratorio.
El dictamen judicial
La decisión fue tomada por la jueza Jia Cobb, quien en un documento de 48 páginas criticó duramente la medida al señalar que “prioriza la rapidez” y que “inevitablemente llevará al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
Cobb precisó que no cuestiona la constitucionalidad de la aplicación original de la expulsión inmediata, utilizada históricamente en la frontera sur con personas que llevaban pocos días en el país, sino su expansión hacia millones de inmigrantes dentro del territorio que antes no estaban sujetos a esta medida.
Argumentos de los demandantes
La política fue impugnada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make The Road New York, que sostuvieron que la medida viola la Quinta Enmienda —que garantiza el derecho a un proceso legal justo—, así como la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
En su dictamen, la jueza subrayó que el Gobierno defendió la medida con el argumento de que los inmigrantes que ingresaron ilegalmente “no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”.
Cobb rechazó ese razonamiento al advertir: “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”.
📌 Con esta decisión, las deportaciones rápidas quedan suspendidas temporalmente, a la espera de un proceso judicial más amplio que determine si la política puede aplicarse o no en los términos planteados por la administración Trump.
