En denuncias a El Nuevo Diario, pidieron la intervención del presidente Luis Abinader, a los fines de que el jefe de Estado ordene o disponga honrar de manera puntual los compromisos contraídos en el menor tiempo posible.

De manera específica, alegan que la Contraloría general de la República mantiene detenidos o parados los procesos o expedientes de pago, sin que a ellos se les haya ofrecido alguna explicación al respecto.

Se trata de suplidores de materiales y servicios, así como constructores de obras de infraestructura, que llevan más de seis meses en una situación de indefinición, sin cobrar.

Aunque pidieron hablar en condición de anonimato, por temor a algún tipo de represalia, los contratistas que conversaron con este periódico se quejan de que han tenido que endeudarse con bancos y otras entidades financieras para poder hacer frente a compromisos que son inaplazables.

Afirman que, como consecuencia de la falta de pago, por la indiferencia de la Contraloría en sus casos, han comenzado a confrontar retrasos con los bancos, lo que sin duda les genera complicaciones financieras y en sus respectivos créditos.

Añadieron que en algunos casos se han visto envueltos en el indeseable retraso con el pago de salarios a empleados y trabajadores, creando así una situación que se extiende y complica más allá de lo previsible.

En el caso de los constructores contratistas, estos “pegan el grito” al cielo porque ya sus créditos comienzan a resultar afectados en ferreterías, generándoles penalidades y aumentos en el costo inicial de sus obras.