PLD cuestiona nueva reforma a la Ley de Residuos y acusa al Gobierno de impulsar cambios sin consenso.
Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este lunes el proyecto de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, impulsado por el Gobierno y la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que las modificaciones se tramitan sin un proceso de consulta suficientemente amplio ni estudios técnicos que las respalden.
La organización política instó a la Cámara de Diputados a realizar un análisis más profundo de la iniciativa antes de su aprobación definitiva y adelantó que sus legisladores presentarán propuestas de modificación durante el debate legislativo.
El PLD sostuvo que el país requiere un marco normativo que incentive el reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento de los residuos sólidos, garantice la sostenibilidad financiera del sistema y fortalezca la protección del medio ambiente sin afectar la competitividad de los distintos sectores productivos.
Asimismo, advirtió que cualquier reforma en esta materia debe responder a criterios técnicos y ambientales, y no limitarse a objetivos de carácter recaudatorio, priorizando una gestión eficiente de los residuos y una mejor calidad de vida para la población.
La posición fue presentada durante una rueda de prensa por Richard Medina, miembro del Comité Político del PLD, acompañado por el vicepresidente de la organización, Yvan Lorenzo; el exsenador Alejandro Montás y el exalcalde René Polanco. Durante el encuentro, realizado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, los dirigentes afirmaron que la iniciativa reproduce el mismo mecanismo de aprobación que, a su juicio, ha caracterizado otras reformas promovidas por el oficialismo.
El partido recordó que hace apenas un año fue promulgada la Ley 98-25, que introdujo cambios a la normativa sobre residuos sólidos, y consideró que la nueva propuesta representa un reconocimiento implícito de que esa reforma contenía deficiencias que ahora intentan ser corregidas.
De igual forma, criticó que el proyecto fuera aprobado en el Senado mediante un procedimiento de urgencia, sin que mediara un proceso amplio de consultas con los sectores involucrados en la gestión de residuos y la protección ambiental.
El PLD señaló que, durante la discusión de la reforma aprobada en junio de 2025, había advertido sobre aspectos que consideraba problemáticos, entre ellos posibles restricciones a las atribuciones de los gobiernos locales y la necesidad de que las contribuciones ambientales estuvieran sustentadas en criterios técnicos, progresivos y asociados a metas verificables.
Según la organización, esas observaciones no fueron incorporadas al texto finalmente aprobado, por lo que insistió en la necesidad de revisar la propuesta con mayor profundidad antes de convertirla en ley.
